Foto: Rafa MolinaALICANTE. Esta semana en la que el Hércules tendrá un nuevo consejo, se cumplirá también un mes desde que el club pasó al 'lado oscuro' para la Agencia Tributaria.
El fisco canceló el convenio singular suscrito en 2013 y le exigió el pago inmediato de 4,4 millones de euros antes del 5 de abril. Huelga decir que el club no pagó, procediendo la Agencia Tributaria a embargar y la deuda a crecer todo y el abono posterior de 560.000 euros anunciado a bombo y platillo por Juan Carlos Ramírez ("al cincuenta por ciento con Enrique"). Son 4,2 los millones de euros que el Hércules adeuda a día de hoy a una Hacienda que mantiene invariable su postura: pagar la deuda en su totalidad o avalarla, también totalmente, para acceder a un nuevo pago aplazado.
El empresario vasco sostiene que puede lograr mejores condiciones del fisco, razón por la que Enrique Ortiz invitó a Carlos Parodi a cederle el sitio en el consejo. Ahora bien, está por ver que Ramírez logre lo anterior, al menos a corto plazo, lo que nos lleva a un problema doble que en julio sería triple: si como consecuencia del impago a la Agencia Tributaria ya hay un incremento de la deuda (aunque los intereses tenga la naturaleza de crédito subordinado), la falta de un acuerdo con el fisco impide a su vez modificar el convenio con los acreedores ordinarios abocando, dada la evidente insolvencia del club, a un incumplimiento del mismo desde el 1 de julio, algo que coloca al Hércules aún más cerca de la desaparición.
Y es que de acuerdo con ese convenio se ha de abonar, el 30 de junio como tarde, 1,3 millones de euros a los acreedores ordinarios. Suma que se corresponde con el 15% de la deuda que el club mantenía con ellos tras la quita. Un pago (el primero de seis de periodicidad anual) que se ha venido posponiendo gracias a recurrir a los dos años de carencia como máximo que se contemplaba en el convenio de acreedores, opción ya agotada. Ahora se contaba con esquivar el pago por medio directamente de la modificación del convenio pero, si bien el Hércules alcanzó hace más de un año un principio de acuerdo para ello, este quedó supeditado y se vincula también hoy (por razones obvias) a un nuevo pacto con la Agencia Tributaria en el que esta le conceda más margen al club para pagar.
De ahí que se pueda hablar de un problema doble (presentar un aval de más de 4 millones de euros a Hacienda y encontrar otros 1,3 para pagar a los acreedores ordinarios) pero que a partir del 1 de julio puede convertirse en triple: que la Agencia Tributaria sea quien termine llevando a liquidación al club está descartado, pero no tanto que lo haga un acreedor ordinario a partir del 1 de julio si no ha cobrado, no olvidemos, solo una pequeña parte de lo que se le adeuda tras aceptar una quita y una espera. Por tanto, es vital alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria pero sin demora porque la modificación del convenio de acreedores, todo y el principio de acuerdo, exige el cumplimiento de una serie de plazos legales que, con el calendario en la mano, dentro de poco excederán el 30 de junio.
La preocupación de la comisión de seguimiento del cumplimiento del convenio es máxima, no solo porque no parezca que el Hércules vaya a resolver el pago a Hacienda y por extensión a llevarse a cabo la pactada modificación del convenio, también porque los actores con los que se ha negociado todo este tiempo ahora van a ser otros. Dicha comisión agrupa a la mayor parte de la deuda ordinaria y, en principio, su predisposición de cara a la modificación del convenio se mantendría todo y superarse el 30 de junio pero a nadie escapa que hay acreedores al margen, díscolos que pueden ver en la amenaza con la liquidación una oportunidad para forzar al Hércules o a un tercero vinculado a él a pagarles la cuenta por adelantado, tensando aún más la cuerda (si es que esto es posible).
